Una injusticia

Jordi Cuixart y Jordi Sànchez son los líderes de las dos principales entitades soberanistas de la sociedad civil catalana. En 7 años de manifestaciones no se ha producido ningún episodio de violencia. Des del 16 de octubre, Cuixart y Sànchez están en prisión acusados de sedición por una manifestación del 20 de septiembre. Su encarcelamiento es una aberración jurídica y una violación de los derechos humanos, como denuncia la mobilización social contínua.

Dos semanas después, el 2 de noviembre, la misma jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretaba prisión incondicional para el vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, y para siete consellers: Mundó, Turull, Rull, Romeva, Forn, Bassa y Borràs, todos ellos acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

El 4 de diciembre, el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo dejaba en libertad bajo fianza de 100.000 euros a los consellers Romeva, Rull, Turull, Mundó, Bassa y Borràs, pero mantenía en prisión a Jordi Cuixart y a Jordi Sànchez, al vicepresidente Junqueras y al conseller Forn. Al día siguiente, el juez Llarena retiró la euroorden contra el presidente Puigdemont y los consellers Puig, Serret, Comín y Ponsatí.

El 1 de febrero, la denuncia para exigir la libertad de los presos políticos llegó a las Naciones Unidas, concretamente al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

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