Una injusticia

Jordi Cuixart y Jordi Sànchez son los líderes de las dos principales entitades soberanistas de la sociedad civil catalana. En 7 años de manifestaciones no se ha producido ningún episodio de violencia. Des del 16 de octubre, Cuixart y Sànchez están en prisión acusados de sedición por una manifestación del 20 de septiembre. Su encarcelamiento es una aberración jurídica y una violación de los derechos humanos, como denuncia la mobilización social contínua.

Dos semanas después, el 2 de noviembre, la misma jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretaba prisión incondicional para el vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, y para siete consellers: Mundó, Turull, Rull, Romeva, Forn, Bassa y Borràs, todos ellos acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

El 4 de diciembre, el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo dejaba en libertad bajo fianza de 100.000 euros a los consellers Romeva, Rull, Turull, Mundó, Bassa y Borràs, pero mantenía en prisión a Jordi Cuixart y a Jordi Sànchez, al vicepresidente Junqueras y al conseller Forn. Al día siguiente, el juez Llarena retiró la euroorden contra el presidente Puigdemont y los consellers Puig, Serret, Comín y Ponsatí.

El 1 de febrero, la denuncia para exigir la libertad de los presos políticos llegó a las Naciones Unidas, concretamente al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria para que analizasen los casos de Cuixart, Sànchez y Junqueras.

El 23 de marzo, el juez Llarena enviaba de nuevo a prisión a Romeva, Rull, Turull, Bassa y Forcadell alegando riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Así pues, ya eran 9 los presos políticos encarcelados a más de 600 km de sus familias.

En el mes de julio, ante la prisión de los consellers y la presidenta del Parlament, se realizó de nuevo una petición al Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas para que se pronunciase conjuntamente a la petición realizada el mes de febrero.

El juez Llarena ha vivido varios contratiempos que han puesto en entredicho el sistema judicial español, sobre todo con lo referente a las euroordenes.

Primero fue la justicia belga quién dejó en libertad sin fianza a los consellers Comín, Serret y Puig, y se negó a entregarlos a las autoridades españolas aduciendo un defecto de forma e irregularidades en la petición de entrega. Al mismo tiempo, el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein rechazaba la extradición por rebelión del presidente Carles Puigdemont al considerar que en los hechos investigados no se había existido la violencia, el elemento imprescindible en este delito. Ante este escenario, en el que solo era viable la extradición por malversación de fondos, el juez Llarena decidió retirar las euroordenes. Una decisión que dejaba a la consellera Clara Ponsatí, exiliada en Escocia, en libertad.  

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